El jueves 12 de noviembre, a iniciativa del partido vecinal independiente (19.463 votos y 6 ediles), se debatirá moción por la que se insta al alcalde (PSOE+IUCM) a respetar los principios democráticos y la esencia del parlamentarismo y renunciar al mecanismo impugnado, entre otros por el propio PSOE, al Tribunal Constitucional que permite sacar adelante unos presupuestos con el voto en contra del Pleno. 

Por su interés reproducimos una moción que puede marcar el devenir de la legislatura. En palabras del concejal y portavoz de ULEG, Carlos Delgado, "este jueves quedarán señalados quiénes están por un Ejecutivo alternativo y resolutivo y quiénes sólo aspiran a ser mariachis del alcalde Santiago Llorente".

Moción para instar al gobierno de Leganés a que respete el mandato democrático de que los presupuestos estén sometidos a la voluntad de la cámara de representación de los vecinos (el Pleno) y no se usen métodos de dudosa constitucionalidad para aprobarlos a puerta cerrada vía Junta de Gobierno.

Es una anomalía democrática y un atentado a los mismos principios del parlamentarismo y a sus orígenes históricos que la principal norma jurídico/económica de una administración pública: los presupuestos, pueda salir adelante con la oposición del órgano que precisamente representa la voluntad popular, ya sea la asamblea nacional, autonómica o, en este caso, municipal. No sucede en ningún país que se precie de ser una democracia moderna.

En la ley existen fórmulas para dar solución a un hipotético bloqueo de la cámara de representación de los ciudadanos a los proyectos presupuestarios del gobierno de turno: la prórroga de los presupuestos o el vincular los mismos a una cuestión de confianza. Ambos mecanismos encarnan una lógica plausible como facilitar la gobernabilidad, no paralizar la actividad de la institución y el dar la oportunidad a que se conforme otra mayoría política que sea capaz de sacar unos presupuestos, y si no hay esa alternativa salga adelante la propuesta del grupo político gobernante que se encuentra en minoría.

Esta lógica fue destruida por el gobierno de la Nación con la Ley  27/2013, de 27 de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en ella y sólo para los Ayuntamientos se incluyó una disposición adicional por la que se permite que los presupuestos puedan aprobarse por Junta de Gobierno precisamente cuando sean rechazados por el Pleno. Este atentado contra los principios democráticos, contra la autonomía local y contra el sentido común encontró el frontal rechazo del Consejo de Estado (el supremo órgano consultivo del Gobierno de España por imperativo de la CE) que consideró que era contraria a la Carta Magna. De hecho, tales preceptos están recurridos ante el Tribunal Constitucional tanto por los grupos en el Congreso de los Diputados (incluido el PSOE e IU), como por diferentes ayuntamientos (más de 3.000, entre ellos Leganés) y fuerzas políticas que fueron precisamente coordinadas en esta cuestión por el PSOE.

El propio PSOE de Leganés (también IU hoy en el gobierno local) descalificó muy duramente y tachó de presupuestos ilegítimos y de hacer las cosas de espaldas al pueblo y a puerta cerrada cuando en la pasada legislatura el PP sacó adelante la norma presupuestaria acogiéndose a la excepcionalidad permitida por esa legislación ad hoc aprobada a finales de 2013. Fue tal la crítica y la oposición que tanto el PSOE, como ULEG e IU llevamos a los tribunales tal actuación pendiente de sentencia.

Resulta paradójico, incoherente, inmoral y, sobre todo, cínico, inaceptable y reprobable que el mismo partido que impugna los presupuestos aprobados por Junta de Gobierno, el mismo partido que lidera el proceso judicial ante el TC para tumbar tal mecanismo legal que viola esos principios democráticos y de la autonomía local, contemple y haya anunciado públicamente en boca del alcalde Santiago Llorente su voluntad de aprobar por tal mecanismo los presupuestos de la ciudad.

Nos parece inconcebible, un atentado a la soberanía popular el que pueda darse la circunstancia de que sólo la voluntad de 7 ediles de 27, es decir, la cuarta parte del Pleno, pueda imponer a la ciudad y a los representantes políticos que representan el 75% restante, su modelo económico y social. Esto es causa más que suficiente para que tal gobierno quede automáticamente deslegitimado y el resto de fuerzas políticas autorizadas a trabajar en un ejecutivo alternativo.

En aras a prevenir tal clima de inestabilidad, de incertidumbre política que en nada beneficiaría al correcto devenir de nuestro municipio y para despejar toda duda al respecto, desde el grupo político Unión por Leganés-ULEG presentamos para su aprobación al Pleno el siguiente

ACUERDO

1.- Instar al alcalde y al gobierno de Leganés a respetar la voluntad que del Pleno se emane ante el proyecto presupuestario y se comprometan a no hacer uso del instrumento de dudosa constitucionalidad que permite aprobar los presupuestos por Junta de Gobierno.

2.- Si el gobierno de la ciudad, en estos momentos y oficialmente conformado por PSOE e IUCM, vulnera el principio democrático y no da cumplimiento a esta moción (si es finalmente aprobada por el Pleno), los grupos políticos que conforman este Pleno estarán legitimados a articular el mecanismo jurídico/político/social más adecuado para asegurar su efectividad, incluso para trabajar de inmediato en una fórmula democrática que cristalice en un Ejecutivo alternativo que sí respete la representación política surgida de las urnas.

Del presente acuerdo y del contenido íntegro de la moción se daría conocimiento oficial a la Federación Española de Municipios y Provincias, al Consejo de Estado y a los diferentes grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y el Senado.