El concejal Carlos Delgado denuncia cómo se creó a propósito una plaza con "nombre y apellidos". Se trata de la plaza de Técnico Superior en Derecho, donde a falta tan sólo de la prueba de conocimientos (un trabajito de 25 páginas que se puede traer de casa), el puesto ya está asignado de hecho. Uno de los opositores anticipa que impugnará el proceso y acudirá al Defensor del Pueblo
El sistema utilizado es un concurso-oposición, donde formación y experiencia (fase de concurso) puntúan lo mismo que la prueba de conocimientos (fase de oposición): 30 puntos. El problema es que el Sr. S.R., sin haber llegado a la fase de oposición, ya cuenta con 29,46 puntos, frente a los 10 de los que están en segundo lugar. Es decir, aunque quienes están en segunda posición hicieran un trabajo perfecto -30 puntos-, Dionisio S.R. con sólo aprobar -15 puntos-, superaría por más de 4 puntos a cualquiera. Según Delgado, concejal y portavoz de ULEG, "decir injusticia es poco. Nos da pena por los opositores que con ilusión y gastándose su dinero acuden a unas convocatorias amañadas desde un principio".
El colocador. Este caso es especialmente sangrante, ya que se ha creado un puesto de gran responsabilidad (grupo A de la administración) a su medida y como premio a los servicios prestados al conocido como el "colocador" por ser uno de los responsables de la bolsa de empleo, la "puerta falsa o vía B" de acceso al Ayuntamiento.
¿Prevaricación? Desde ULEG se recuerda las múltiples denuncias, mociones al pleno y críticas que se han formulado desde la formación local. "Las oposiciones a la carta que cocina la concejalía de Recursos Humanos son vergonzosas ¿Qué pensarán aquellos que durante años estudian duramente y se enteran que en Leganés nunca tendrán una oportunidad salvo que tengan amistad o estén afiliados al partido del gobierno?, destacó Carlos Delgado, quien apuntó además que uno de los opositores, ya ha impugnado administrativamente el proceso de selección y valoración de esta oposición, y ha anticipado que remitirá copia al Defensor del Pueblo y que el ayuntamiento podría incurrir en el delito de prevaricación si no rectifica.
